La realidad delictiva de la Argentina del siglo XXI ha desbordado, desde hace tiempo, los límites de un Código Penal que, a pesar de sus sucesivas reformas parciales, arrastra estructuras de una época que ya no existe. El impulso reformista que promueve el Gobierno nacional es una respuesta punitivista pero también una actualización frente a modalidades criminales que hoy gozan de una impunidad técnica alarmante. La incorporación de figuras específicas como el robo bajo la modalidad de “motochorros”, las estafas piramidales y el accionar de las denominadas “viudas negras” responde a una demanda social. No se trata solo de elevar penas, sino de tipificar con precisión conductas que el sistema judicial actual suele diluir en figuras genéricas, permitiendo la “puerta giratoria” que tanto erosiona la confianza pública. Como ha señalado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el objetivo es lograr un sistema con “reglas estables y penas que se cumplan, porque sin seguridad jurídica no hay desarrollo posible para la República”.

El proyecto bajo análisis pone el foco en la reincidencia y en la protección de las fuerzas de seguridad, entendiendo que el orden es la precondición para cualquier ejercicio de la libertad.  “Necesitamos un sistema penal que pueda imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas y asegurarse de que esas condenas se cumplan efectivamente”, ha dicho la titular del bloque de LLA en el Senado. Esta visión busca terminar con la asimetría donde el victimario parece tener más garantías que la víctima.

Sin embargo, la eficacia de una reforma penal no se agota en el texto de la ley. Para que la seguridad sea sostenible en el tiempo, especialmente en provincias con realidades sociales complejas como Tucumán, el endurecimiento de las penas debe caminar de la mano con un robustecimiento de las políticas de acompañamiento a los sectores más vulnerables. La ley debe ser el límite, pero la educación y la inclusión deben ser el puente para evitar que el delito sea la única opción de supervivencia en las periferias. Es imperativo que el Estado nacional y las provincias articulen programas que mitiguen el impacto del crimen organizado en los barrios más postergados. Si la reforma penal no se complementa con una presencia estatal que ofrezca alternativas reales a través de la escolarización y la formación en oficios, corremos el riesgo de llenar las cárceles sin vaciar las calles de violencia. La prevención social no es una alternativa a la sanción penal, sino su complemento necesario para que el impacto del delito disminuya de raíz.

La complejidad del actual ordenamiento jurídico es un lastre que la sociedad ya no puede cargar. Pero este camino hacia el orden debe ser integral: firmeza ante el criminal que elige el camino de la violencia, y una mano tendida desde lo social para que las nuevas generaciones no vean en el delito un destino inevitable. Solo así, la reforma será realmente el inicio de una nueva etapa de paz social para todos los argentinos.